Río de Janeiro, 3 oct (EFE).- El número de miembros de las Fuerzas Armadas que decidió participar en las elecciones municipales de noviembre próximo en Brasil creció un 48 % frente a los comicios de 2016, un aumento atribuido a la llegada del capitán de la reserva Jair Bolsonaro a la Presidencia del país en 2019.
En total son 6.760 agentes de seguridad -sumados policías civiles y militares, miembros de la Fuerzas Armadas, bomberos militares y militares de la reserva- los que este año aspiran a una plaza como alcalde, vicealcalde o concejal, según los datos del Supremo Tribunal Electoral (STE) tras el cierre de las inscripciones.
De ese total, el 86 % corresponde a militares, el mayor número de candidatos miembros de las fuerzas castrenses que se ha contabilizado desde 2004, cuando comenzó a realizarse el registro de los candidatos por ocupación.
La cifra puede ser mayor ya que entre los aspirantes inscritos este año para los comicios en los más de 5.500 municipios del país puede haber otros militares o policías que se hayan registrado sólo como funcionarios públicos.
Lo cierto es que la participación política de agentes del orden no es nueva en Brasil, y aunque en los últimos 16 años el aumento ha sido constante en todo tipo de disputas electorales, el denominado “efecto Bolsonaro” parece haber marcado con fuerza los comicios municipales de este año.
“Tenemos un presidente que es un capitán que se eligió y que hace un mandato supremamente orientado a la idea de que el problema de la violencia en Brasil se resuelve con la presencia de las policías y de las Fuerzas Armadas”, señaló a Efe Silvia Ramos, coordinadora de la organización no gubernamental Red de Observatorios de Seguridad.
A eso se suma que en los comicios del 15 de noviembre se van a elegir cargos que no tienen una participación directa en el área de seguridad pública, una atribución que le corresponde a los gobiernos regionales y al Federal, algo que, para la investigadora, es “extremadamente negativo”.
Entre los candidatos militares inscritos este año, cerca de 390 aspiran al cargo de alcalde, 400 al de vicealcalde y casi 6.000 quieren ser concejales.
Pero este aumento no sólo está relacionado con la llegada al poder de un capitán de la reserva, un nostálgico de la dictadura que gobernó Brasil entre 1964 y 1985.
El hecho de que su Gobierno esté plagado de militares, que su vicepresidente, Hamilton Murao, sea un general de la reserva del Ejército y que casi la mitad de los miembros del gabinete ministerial pertenezcan a las fuerzas castrenses, también pesa.
Según un informe del Tribunal de Cuentas del Estado divulgado en julio pasado, desde que el líder ultraderechista asumió como jefe de Estado, el número de militares ocupando cargos civiles en el Gobierno brasileño creció un 75,2 %, al saltar de 3.515 en 2019 hasta 6.157 en 2020.
EL DESPERTAR DE UN CONSERVADURISMO LATENTE
Otros expertos consultados por Efe señalan que el crecimiento de la participación militar en política va más allá del efecto Bolsonaro y está relacionado con el despertar de un conservadurismo que ha estado vivo y latente desde el fin de la dictadura.
Para Renato Sérgio de Lima, director-presidente del Fórum Brasileño de Seguridad Pública (FBSP), el objetivo de militares y policías no está centrado en la seguridad pública sino en un discurso más amplio donde prevalecen el orden y las costumbres, y donde la idea de autoridad gana importancia. “Eso es lo que los motiva a actuar en política”, dijo.
“Brasil pasó por una agenda con valores y costumbres alrededor del discurso de autoridad, de la misma línea que la de Italia, Hungría, Polonia y hasta el mismo Estados Unidos, donde las ideas de los líderes populistas catalizaron una revalorización de la idea del líder extremo, el líder que va a restablecer el orden y esa idea es mucho mayor que el campo de Bolsonaro”, agregó.
De Lima también considera “peligrosa” la participación política de policías y militares porque los órganos del orden y la política son esferas fundamentales en un Estado democrático, pero “no pueden confundirse”.
Según De Lima, se trata de instituciones que están al servicio del Gobierno y necesitan tener capacidad de operación, pero que necesitan estar “fuertemente supervisadas y controladas”. “Cuando una institución actúa de forma autónoma y aislada usted no está consiguiendo la misión democrática. Eso es peligroso”.
BENEFICIOS
Otro aspecto que pesa para este fenómeno es la legislación brasileña que permite que los policías (civiles o militares) que se postulen como candidatos regresen inmediatamente a sus cargos en caso de perder la disputa electoral, algo que también se da con los miembros de las Fuerzas Armadas, aunque con un poco más de severidad.
Los militares no pueden estar afiliados a ningún partido político, por lo que, si desean participar en comicios, deben renunciar a su cargo para postularse, aunque continúan recibiendo su salario durante la campaña.
La cosa cambia si tiene menos de diez años de servicio, pues ahí tendrá que renunciar del todo a su carrera para concurrir al pleito electoral, pero si su permanencia ha sido superior podrá regresar a ejercer su cargo desde el día siguiente de la contienda, en caso de ser derrotado.
Esto se debe en buena parte a que la transición democrática que tuvo lugar en Brasil al terminar la dictadura fue coordinada por los propios militares.
De acuerdo con el semanario Fonte Segura, publicación producida por FBSP y Analítica Comunicación, en países como Chile, Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Portugal los militares de la policía o de las Fuerzas Armadas tienen que renunciar a su cargo si pretenden aspirar al debate electoral.
Naciones como Argentina, Bolivia, Colombia, Perú y Uruguay también tienen reglas para impedir la participación de militares en política, según la investigadora Fabia Berlatto, citada en la publicación.
En Alemania o Canadá, al igual que Brasil, los militares pueden participar en elecciones sin abandonar sus cargos. En la potencia suramericana todos los agentes de las fuerzas del orden también pueden votar.
La situación de los militares y policías en el gigante suramericano no es la misma para quienes forman parte del sector judicial. Si un juez quiere lanzarse como candidato debe abandonar su carrera para seguir sus ambiciones políticas.
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